lunes, 14 de noviembre de 2011

HABEAS CORPUS NO PROCEDE PARA OBTENER LIBERTAD CONDICIONAL. Se debe acudir al juez de ejecución de penas dice Magistrado de la Corte Suprema de Justicia. FALLO DE LA CORTE SOBRE HABEAS CORPUS Y LIBERTAD CONDICIONAL

HABEAS CORPUS NO PROCEDE PARA OBTENER LIBERTAD CONDICIONAL. Se debe acudir al juez de ejecución de penas dice Magistrado de la Corte Suprema de Justicia. FALLO DE LA CORTE SOBRE HABEAS CORPUS Y LIBERTAD CONDICIONAL

Proceso N° 36408

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:
JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA

Bogotá D.C., nueve (9) de mayo de dos mil once (2011).

VISTOS

Según lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 1095 de 2006, se resuelve la impugnación presentada por EDINSON ALEXANDER GÓMEZ MESA, contra la decisión adoptada el 18 de abril de 2011 por un Magistrado del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, a través de la cual le negó la acción constitucional de hábeas corpus.

ANTECEDENTES PROCESALES

1. Mediante sentencia de 14 de septiembre de 2008, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Aguachica condenó al actor a la pena principal de 24 meses de prisión y multa de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, como autor penalmente responsable del delito de homicidio culposo, negándole el subrogado de la suspensión de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria, lo que conllevó a ordenar su captura, la cual se hizo efectiva el 20 de enero de 2010.

2. Refiere el accionante que el 5 de marzo de 2011, envió derecho de petición al Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Valledupar, solicitando se le otorgara la libertad condicional por haber cumplido las tres quintas partes de la pena impuesta, sin que hubiera obtenido respuesta.

Ante tales circunstancias, acude a la acción constitucional con la pretensión de que se ordene el envío del proceso al Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué, lugar actual de reclusión, en igual forma, al establecimiento penitenciario y carcelario para que remita la documentación necesaria para el trámite de su libertad.

LA PROVIDENCIA CUESTIONADA

El Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué, negó la acción de hábeas corpus, tras considerar que EDINSON ALEXANDER GÓMEZ MESA fue capturado el 20 de enero de 2010, habiendo purgado hasta el 18 de abril de 2011, 14 meses y 27 días de prisión sin que se tenga noticia de haberse realizado redención de pena, lo que significa que no ha completado las dos terceras partes de la pena que equivalen a 16 meses.

Adicionalmente, porque la libertad condicional a que alude el accionante exige valoraciones concretas para establecer su viabilidad, pues se requiere no sólo el cumplimiento de las dos terceras partes, sino también analizar su buena conducta durante el tratamiento penitenciario, aspectos valorativos a los que no accede el juez constitucional, pues tal competencia le está vedada.

Así, como quiera que en contra de EDINSON ALEXANDER GÓMEZ MESA existe una sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada, es evidente que se encuentra legalmente privado de su libertad, razón por la cual no puede el juez de habeas corpus sustituir los procedimientos judiciales, ni desplazar al funcionario judicial competente para resolver la pretensión del demandante.

No obstante lo anterior, al verificar que habían transcurrido más de 14 meses de haberse ordenado por parte del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas el envío de la actuación a su homólogo de la ciudad de Ibagué, sin que se ello se hubiera cumplido, dispuso la investigación disciplinaria.

LA IMPUGNACIÓN

Notificado del contenido de la anterior decisión, el accionante la impugnó, argumentando que el proceso por el cual fue condenado “se inicia su vida jurídica en el 2003. Por tanto, había establecido la ley 906 de 2004, antes de hacer vida jurídica la sanción penal por la cual me encuentro detenido” y por tanto lo que le corresponde descontar son las 3/5 partes de la pena, que equivalen a 14.4 meses, tiempo que ya cumplió.

Señala que la Asesoría Jurídica del establecimiento carcelario no envía ninguna documentación, hasta tanto no se informe a qué Juzgado de Ejecución de Penas le correspondió el proceso.

CONSIDERACIONES

1. El suscrito Magistrado es competente para conocer en segunda instancia de la impugnación interpuesta contra la decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, a través de la cual se negó por improcedente la solicitud de hábeas corpus presentada a nombre propio por EDINSON ALEXANDER GÓMEZ MESA, atendiendo la previsión contenida en el numeral 2º del artículo 7º de la Ley 1095 de 2006 que a la letra señala:

“Cuando el superior jerárquico sea un juez plural, el recurso será sustanciado y fallado integralmente por uno de los magistrados integrantes de la Corporación, sin requerir la aprobación de la Sala o sección respectiva. Cada uno de los integrantes de la Corporación se tendrá como juez individual para resolver las impugnaciones del hábeas corpus”.

2. La referida Ley Estatutaria establece en su artículo 1º que el hábeas corpus tutela la libertad personal cuando alguien es privado de ella (i) con violación de las garantías constitucionales o legales o (ii) ésta se prolonga ilegalmente. También procede la garantía de la libertad cuando se presenta alguno de los siguientes eventos :

“(1) siempre que la vulneración de la libertad se produzca por orden arbitraria de autoridad no judicial; (2) mientras la persona se encuentre ilegalmente privada de la libertad por vencimiento de los términos legales respectivos; (3) cuando, pese a existir una providencia judicial que ampara la limitación del derecho a la libertad personal, la solicitud de hábeas corpus se formuló durante el período de prolongación ilegal de la libertad, es decir, antes de proferida la decisión judicial; (4) si la providencia que ordena la detención es una auténtica vía de hecho judicial.”

La jurisprudencia de esta Sala ha reiterado que cuando existe un proceso judicial en trámite la acción de habeas corpus no puede utilizarse con ninguna de las siguientes finalidades: i) sustituir los procedimientos judiciales comunes dentro de los cuales deben formularse las peticiones de libertad; ii) reemplazar los recursos ordinarios de reposición y apelación establecidos como mecanismos legales idóneos para impugnar las decisiones que interfieren el derecho a la libertad personal; iii) desplazar al funcionario judicial competente; y iv) obtener una opinión diversa -a manera de instancia adicional- de la autoridad llamada a resolver lo atinente a la libertad de las personas.

Ello es así, excepto cuando la decisión judicial que interfiere en el derecho a la libertad personal pueda catalogarse como una vía de hecho o se vislumbra la prosperidad de alguna de las otras causales genéricas que hacen viable la acción de tutela; hipótesis en las cuales, "aun cuando se encuentre en curso un proceso judicial, el hábeas corpus podrá interponerse en garantía inmediata del derecho fundamental a la libertad, cuando sea razonable advertir el advenimiento de un mal mayor o de un perjuicio irremediable, en caso de esperar la respuesta a la solicitud de libertad elevada ante el mismo funcionario judicial, o si tal menoscabo puede sobrevenir de supeditarse la garantía de la libertad a que antes se resuelvan los recursos ordinarios"

3. De acuerdo con lo anterior la pretensión del señor GÓMEZ MESA, no está llamada a prosperar, como quiera que la acción constitucional restringe su ámbito de aplicación a los casos expresamente referidos, sin que la situación por él expuesta encuadre en alguno de ellos.

En primer lugar, porque la detención que actualmente cumple, obedece al cumplimiento de la pena de veinticuatro meses de prisión impuesta con ocasión de la sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Aguachica el 14 de noviembre de 2008, por el delito de homicidio culposo, corroborándose por el despacho que la misma viene siendo descontada a partir del 20 de enero de 2010, significando lo anterior que para la fecha de presentación de la acción, solo han transcurrido catorce (14) meses y veintisiete (27) días de prisión efectiva.

En segundo lugar, por cuanto de las pruebas allegadas, no es posible determinar si durante su permanencia en el centro de reclusión le ha sido reconocida redención de pena por trabajo y/o estudio, circunstancia que impide considerar una eventual rebaja por tales aspectos.

En tercer lugar, porque la acción de habeas corpus no es una figura alternativa o sucedánea para debatir aspectos que se deben confrontar en el respectivo proceso, pues por ser un medio excepcional de protección de la libertad no puede desconocerse los trámites judiciales dispuestos para el proceso penal, ni el juez constitucional sustituir a los funcionarios encomendados del conocimiento de tales asuntos, porque sólo se trata de una revisión de los aspectos formales o circunstanciales que rodearon la afectación de la libertad.

De ahí que cualquier discusión en torno a la ley que deba aplicársele para el eventual reconocimiento de la libertad condicional a que considera tiene derecho el demandante debe hacerlo ante el juez natural, en este caso, el de ejecución de penas y medidas de seguridad, por ser esta la autoridad encargada de resolver la misma, como garante que es del ejercicio de los derechos de la persona condenada durante el término de ejecución de la pena.

Así lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000), al establecer que dicha autoridad conocerá de las siguientes actuaciones:

“1…
“2…
“3. Sobre la libertad condicional y su revocatoria.
“4. De lo relacionado con la rebaja de pena, redención de pena por trabajo, estudio o enseñanza, y sobre la sustitución, suspensión o extinción de la sanción penal.

(…)

“7. De la aplicación del principio de favorabilidad cuando debido a una ley posterior hubiere lugar a una reducción, modificación, sustitución o extinción de la acción penal…”.

No desconoce la Sala que lo que motivó al actor a presentar la acción constitucional, fue la falta de pronunciamiento por parte del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Valledupar en torno a la petición de libertad condicional por él elevada el 5 de marzo de 2011, situación que si bien resulta cuestionable, no lo es menos que fue corregida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué cuando al resolver el habeas corpus, le ordenó decidir su solicitud.

Corolario de lo que viene de verse y verificado por la Sala que EDINSON ALEXANDER GÓMEZ MESA se encuentra detenido legalmente por virtud de una sentencia condenatoria en firme, que desde la fecha de su aprehensión hasta el momento ha transcurrido un lapso inferior a la pena impuesta, que ninguna constancia existe en torno a la eventual rebaja a que tenga derecho por trabajo y/o estudio, y, que la valoración respecto de si en su caso le es aplicable por favorabilidad la Ley 906 de 2004 o la Ley 600 de 2000, para hacerse acreedor a la libertad condicional, le corresponde hacerla al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad a cuyo cargo se encuentra el control de la sanción, la acción constitucional de habeas corpus no está llamada a prosperar como bien lo concluyó la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué, razón por la cual se confirmará la decisión impugnada.

En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

Confirmar la decisión impugnada por medio de la cual un Magistrado del Tribunal Superior de Ibagué negó por improcedente el amparo de hábeas corpus presentado a nombre propio por EDINSON ALEXANDER GÓMEZ MESA, de conformidad con las razones expuestas en la anterior motivación.

Notifíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA
Magistrado

NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria


COMENTARIO: En el libro "Hábeas corpus, vías de hecho y proceso penal", se defiende la tesis de procedencia del hábeas corpus en situaciones que configuran vías de hecho y se cita abundante jurisprduencia sobre la materia

viernes, 14 de octubre de 2011

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (Colombia) CONCEDE HÁBEAS CORPUS POR APLAZAMIENTO DE AUDIENCIAS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (de Colombia) CONCEDE HÁBEAS CORPUS POR APLAZAMIENTO DE AUDIENCIAS. La decisión en últimas es un desarrollo del concepto "plazo razonable" en el trámite del proceso


Proceso Nº 37412

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado
JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA

Bogotá D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil once (2011.)

VISTOS

De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 7º de la Ley 1095 de 2006, el suscrito Magistrado resuelve la impugnación formulada en contra la decisión de 2 de septiembre de 2011 mediante la cual un Magistrado del Tribunal Superior de Medellín, negó por improcedente la acción de habeas corpus interpuesta por Carlos Manuel Vásquez Escobar a favor de NERY HERMÓGENES CORTÉS ORTIZ, SEGUNDO LUIS ARTURO VALVERDE RODRÍGUEZ, JHON EDWIN VALENCIA VALENCIA y RAMIRO ARROYO VALENCIA.

ANTECEDENTES PROCESALES

El 30 de agosto y 2 de septiembre de 2010, ante el Juzgado Treinta y Dos Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Medellín se surtió audiencia de legalización de captura de NERY HERMÓGENES CORTÉS ORTIZ, SEGUNDO LUIS ARTURO VALVERDE RODRÍGUEZ, JHON EDWIN VALENCIA y RAMIRO ARROYO VALENCIA, previamente ordenada por un juzgado de la misma categoría y especialidad. La Fiscalía les formuló imputación por la posible comisión del delito de tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir con fines de narcotráfico, a la vez, pidió les fuera impuesta medida de aseguramiento de detención preventiva. Los imputados no aceptaron los cargos y se les afectó con la medida cautelar personal solicitada.

El 29 de septiembre de 2010 la Fiscalía presentó escrito de acusación por el referido concurso delictual y ante el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Medellín el 22 de octubre siguiente comenzó la audiencia de formulación de la misma, la cual culminó el 11 de noviembre.

Se dio inicio a la audiencia preparatoria el 9 de diciembre de 2010 la cual se ha adelantado hasta ahora en veintitrés sesiones, suspendida el pasado 11 de agosto a petición de la Fiscalía, sin que se haya podido reanudar, situación que obviamente ha impedido dar comienzo a la audiencia de juicio oral.

FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

Carlos Manuel Vásquez Escobar, como agente oficioso instauró la acción de habeas corpus a favor de NERY HERMÓGENES CORTÉS ORTIZ, SEGUNDO LUIS ARTURO VALVERDE RODRÍGUEZ, JHON EDWIN VALENCIA VALENCIA y RAMIRO ARROYO VALENCIA ante el Tribunal Superior de Medellín aduciendo que llevaban privados de su libertad desde el 28 de agosto de 2010, que el 29 de septiembre siguiente la Fiscalía había presentado el escrito de acusación, sin que se hubiera podido adelantar la audiencia de juicio oral.

Puso de presente que el 23 de agosto de 2011 algunos defensores de los incriminados acudieron ante el Juez de Control de Garantías a fin de solicitar para éstos la libertad por vencimiento de términos, correspondiendo al despacho veintiocho, donde inicialmente fue negado tal pedimento, pero ante el recurso de reposición interpuesto al interpretar el artículo 317 de la Ley 906 de 2004 bajo los parámetros de la sentencia C-1198 de 2008 de la Corte Constitucional, se aceptó que al hacer el conteo de los términos y realizar las deducciones atribuibles a causa mayor o justa, el terminó se ampliaría a 135 días, pero como para ese momento sólo ajustaban 130 de privación efectiva de la libertad, faltaban 5 días para que se cumpliera tal lapso.

Que con base en lo anterior, luego de que trascurrieron los 5 días a que aludía la juez, otros defensores el 30 de agosto solicitaron ante otro funcionario judicial de Control de Garantías la libertad por vencimiento de términos, asunto asignado al despacho cuarenta, pero que suspendió la respectiva audiencia ante la inasistencia del representante de la Fiscalía.

Que también el 1° de septiembre, 9 días después de la decisión de la Juez Veintiocho Penal Municipal, otros apoderados deprecaron la excarcelación para sus asistidos, recayendo el trámite al Juzgado Once de Control de Garantías que se negó dar el curso a la correspondiente audiencia preliminar por la no comparecencia de la Fiscalía y la imposibilidad de integrar así el contradictorio.

Finalmente, detalló el peticionario que, ni ante las sesiones de la audiencia preparatoria fijadas para los días posteriores al 25 de agosto, ni las audiencias cumplidas en los Juzgados Cuarenta y Once de Control de Garantías, la Fiscalía presentó excusa por su inasistencia, en clara obstrucción de la administración de justicia “demostrando con ello la desidia por cumplir sus obligaciones constitucionales e impidiendo con ello la celebración de las audiencias que deben culminar con el reconocimiento del derecho a la libertad personal de los procesados”.

PROVIDENCIA IMPUGNADA

El Magistrado del Tribunal Superior de Medellín a través de proveído de 2 de septiembre de 2011 negó el amparo solicitado dada su improcedencia.
Preliminarmente precisó que si bien el eventual vencimiento de términos para iniciar el juicio oral se había analizado en la vía ordinaria, esto es, ante los jueces de control de garantías, dada la negativa de dos despachos de esa categoría para tramitar la audiencia preliminar al no concurrir el representante de la Fiscalía, se habilitaba en este caso el estudio de la protección constitucional de la libertad.

En segundo término, determinó que auque efectivamente desde la presentación del escrito de acusación han trascurrido más de 330 días, lo que numéricamente permitiría concluir que los términos se encuentran vencidos, la audiencia de juicio oral no se ha podido iniciar, no sólo por la suspensión que pidió la Fiscalía de la audiencia preparatoria, sino principalmente por maniobras dilatorias de la defensa, pues en varias oportunidades la apoderada de los accionantes no ha asistido a las audiencias o ha solicitado su suspensión para atender otras diligencias, conducta que ha ameritado en dos ocasiones la respectiva compulsación de copias, situación también predicable para otros defensores.

En este sentido, acogiendo lo preceptuado en el parágrafo primero del artículo 317 de la Ley 906 de 2004, advirtió que había una causa más que razonable para no haberse iniciado la audiencia de juicio oral, lo que desvirtuaba una prolongación ilícita de la libertad de los procesados.

LA IMPUGNACIÓN

El representante de los accionantes interpuso recurso de apelación contra la anterior determinación al argumentar que con ella se desconoció la decisión de la Juez Veintiocho Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Medellín que tras hacer las deducciones atribuibles a causa mayor o justa estimó un lapso de 135 días para que los incriminados tuvieran derecho a la libertad por vencimiento de términos, pero como para ese momento no se cumplían, pues solo llevaban 130 día, les faltaba aún 5 días.

Para el impugnante, con la decisión del Magistrado del Tribunal se creo un tercer pronunciamiento más desfavorable a los intereses de los procesados, cuando previamente ya se había hecho la reposición de los términos.

Aclara que busca sustituir al juez ordinario, sino simplemente que se le de efectividad al derecho a la libertad de los procesados ante la obstrucción de la Fiscalía al no comparecer a las audiencias convocadas por los jueces de control de garantías, máxime que ya se agotaron los mecanismos internos y había un pronunciamiento que fijó los límites temporales dentro de los cuales debía desatarse la pretensión liberativa.

En consecuencia, solicita conceder el amparo constitucional al disponer la liberta inmediata de NERY HERMÓGENES CORTÉS ORTIZ, SEGUNDO LUIS ARTURO VALVERDE RODRÍGUEZ, JHON EDWIN VALENCIA VALENCIA y RAMIRO ARROYO VALENCIA.

CONSIDERACIONES

El suscrito Magistrado es competente para conocer en segunda instancia de la impugnación interpuesta contra la decisión a través de la cual se negó por improcedente la solicitud de habeas corpus presentada en representación de NERY HERMÓGENES CORTÉS ORTIZ, SEGUNDO LUIS ARTURO VALVERDE RODRÍGUEZ, JHON EDWIN VALENCIA y RAMIRO ARROYO VALENCIA dado que el numeral 2º del artículo 7º de la Ley 1095 de 2006 dispone que “cuando el superior jerárquico sea un juez plural, el recurso será sustanciado y fallado integralmente por uno de los magistrados integrantes de la Corporación, sin requerir la aprobación de la sala o sección respectiva. Cada uno de los integrantes de la Corporación se tendrá como juez individual”.

El derecho a la libertad se ubica en la primera generación de derechos —los llamados civiles y políticos—, los cuales corresponden con su positivización y consagración en textos Constitucionales. En ellos se toma en consideración al individuo y se impone una obligación negativa o de abstención por parte del Estado en el sentido de no impedirlos o perturbarlos debiendo ser reclamados por la persona.

En ese orden, el habeas corpus está contemplado como acción de carácter constitucional y como derecho fundamental de aplicación inmediata, el cual no puede ser objeto de limitación alguna ni aún en los estados de excepción, según se desprende de los artículos 85, 93 y 214.2 de la Constitución Política.

Para efectos de su alcance, la labor hermenéutica ha de atender los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia en los cuales también se contempla, como v,gr., la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículos 8º y 9º) , el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos (artículo 9º) , la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 7º) , y la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (artículo XXV) .

Bajo tal óptica, en clara garantía del derecho fundamental de la libertad, constitucionalmente se ha establecido la reserva legal y judicial en materia de su restricción, lo cual implica la cabal observancia de las formas establecidas para proceder a la aprehensión de la persona por parte de funcionarios competentes y conforme con las causas establecidas legalmente, que han de haber afrontado el tamiz de los principios de razonabilidad y proporcionalidad que justifiquen su restricción o aflicción.

De acuerdo con el artículo 152 literal a) de la Constitución, mediante ley estatutaria se debe regular lo relacionado con los derechos y deberes fundamentales, así como los procedimientos y recursos para su protección, por ello fue expedida la Ley 1095 de 2006 para desarrollar la tutela de tal derecho cuando: 1) la persona es privada de libertad con violación de las garantías constitucionales o legales, y 2) la privación de la libertad se prolonga ilegalmente.

Como lo enfatizó la Corte Constitucional en la sentencia C-187 de 2006 al revisar previamente la constitucionalidad de la citada ley, la finalidad de las hipótesis en las cuales resulta procedente esta acción constitucional de amparo de la libertad es asegurar que todas las decisiones que afectan la libertad personal sean adoptadas mediante orden escrita proferida por la autoridad judicial competente, con la observancia de las formalidades establecidas, dentro de los precisos términos consagrados en la Constitución y en la ley, así mismo, que la persona sea recluida en el lugar oficial de detención y no en otro.

También, conforme con la sentencia T-260 de 1999 la Corte Constitucional precisó que:

"…la garantía de la libertad personal puede ejercerse mediante la acción de hábeas corpus en alguno de los siguientes eventos: (1) siempre que la vulneración de la libertad se produzca por orden arbitraria de autoridad no judicial; (2) mientras la persona se encuentre ilegalmente privada de la libertad por vencimiento de los términos legales respectivos; (3) cuando, pese a existir una providencia judicial que ampara la limitación del derecho a la libertad personal, la solicitud de hábeas corpus se formuló durante el período de prolongación ilegal de la libertad, es decir, antes de proferida la decisión judicial; (4) si la providencia que ordena la detención es una auténtica vía de hecho judicial".

Por lo tanto, es claro que la posibilidad de la violación de las garantías constitucionales y legales, tratándose del derecho a la libertad de la persona no sólo puede darse al momento de la captura, sino en cualquier situación posterior en que dure tal privación, como cuando, por ejemplo, a quien se le retiene en flagrancia no es puesto a disposición del juez competente oportunamente, se le mantiene la privación pese a la orden de libertad emitida por la autoridad judicial o cuando el funcionario judicial no atiende una petición de excarcelación.

En los casos en que la privación de la libertad está respaldada en providencia judicial, las solicitudes de libertad deben formularse dentro de cauce ordinario respectivo y haciendo uso de los recursos legales existentes. Solamente se justificaría la procedibilidad de la acción de habeas corpus cuando la decisión judicial constituya una auténtica vía de hecho o cuando contra la misma no proceda algún recurso.

Y si bien al interior del diligenciamiento se deben surtir las
peticiones de libertad por los motivos legalmente previstos una vez se ha impuesto medida de aseguramiento aflictiva de la libertad personal, sin que pueda ser utilizada así para pretermitir las instancias o los mecanismos judiciales ordinarios, en este caso es evidente que se han agotado infructuosamente las vías legales comunes, resultando dos peticiones elevadas ante el Juez de Control de Garantías (despachos Cuarenta y Once) sin alguna respuesta al no poder realizar las audiencias respectivas dada la inasistencia del representante de la Fiscalía General de la Nación.

No puede validamente argumentarse, como lo hace el Magistrado del Tribunal para negar el amparo deprecado, que los defensores han realizado maniobras dilatorias, porque las mismas ya fueron objeto de análisis por parte de la Juez Veintiocho Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Medellín, cuando se hicieron los cómputos respectivos de acuerdo con el numeral 5° del artículo 317 de la Ley 906 de 2004 —modificado por el artículo 30 de la Ley 1142 de 2007—, y atendiendo el criterio hermenéutico adoptado por la Corte Constitucional con la sentencia C-1198 de 2008, para concluir que desde la formulación de acusación, previos descuentos, debía contabilizarse el término de 135 días para que se hicieran merecedores a la libertad, tiempo que para ese momento aún no se cumplía, pero que al día de hoy esta más que vencido.

En un caso similar con el aquí estudiado, al cual acude el impugnante en apoyo de su pretensión, porque se trataba de que la petición realizada por los defensores para que se realizara audiencia preliminar de libertad por vencimiento de términos no se había podido llevar a cabo en tres (3) ocasiones, por ausencia de los Fiscales, la Corte en decisión de 10 de agosto de 2010 (Radicación 34737), al cuestionarse acerca de las consecuencias que una petición de esa estirpe no sea resuelta oportunamente, concluyó que:

“Estando de por medio el derecho fundamental a la libertad, en casos excepcionales, el procedimiento arriba señalado [vía común] resulta nugatorio porque los otros mecanismos legales ordinarios son inanes, en la medida que al no existir decisión tampoco se pueda hacer uso de los recursos.

“De ese modo cuando los medios dejan de ser idóneos para la protección del derecho que ampara la acción constitucional del habeas corpus, sin duda, a los interesados no puede obligarse a esperar o insistir en lo que de suyo se muestra ineficaz, por falta de una respuesta oportuna a la posible vulneración del derecho a la libertad por causa atribuible a los funcionarios judiciales que imposibilitan o impiden su resolución”.

En este caso, deviene evidente que como bien lo anota el impugnante, no busca sustituir el proceso penal ordinario pues no hay otro camino diferente al juez constitucional dada la ineficacia de los medios ordinarios en los cuales no se ha podido evacuar la audiencia preliminar para decidir la petición de libertad por vencimiento de términos.

Así las cosas, refulge la prolongación ilícita de la privación de la libertad de NERY HERMÓGENES CORTÉS ORTIZ, SEGUNDO LUIS ARTURO VALVERDE RODRÍGUEZ, JHON EDWIN VALENCIA VALENCIA y RAMIRO ARROYO VALENCIA ante la dilación para la iniciación del juicio oral y aún para resolver sus peticiones de libertad.

Para proteger el derecho fundamental a la libertad se revocará la decisión impugnada y se dispondrá que los citados individuos sean puestos en libertad inmediata, para lo cual se librarán las comunicaciones correspondientes a la Cárcel El Pedregal, lugar en el cual se encuentran detenidos.

Como consecuencia de lo anterior, al prosperar el habeas corpus, se ordenará la compulsación de copias para que las autoridades competentes inicien las investigaciones a que haya lugar, en especial contra el Juez Cuarto Penal del Circuito Especializado de Medellín y los representantes de la Fiscalía que no han comparecido a las diversas diligencias a las que han sido convocados en clara afectación del curso procesal.

En virtud de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

1. REVOCAR la decisión impugnada por medio de la cual un
Magistrado del Tribunal Superior de Medellín negó la acción de habeas corpus impetrada a favor de NERY HERMÓGENES CORTÉS ORTIZ, SEGUNDO LUIS ARTURO VALVERDE RODRÍGUEZ, JHON EDWIN VALENCIA VALENCIA y RAMIRO ARROYO VALENCIA.

2. RECONOCER la acción constitucional de habeas corpus a favor de NERY HERMÓGENES CORTÉS ORTIZ, SEGUNDO LUIS ARTURO VALVERDE RODRÍGUEZ, JHON EDWIN VALENCIA VALENCIA y RAMIRO ARROYO VALENCIA dada la prolongación ilícita de la privación de su libertad.

3. DISPONER, como consecuencia de lo anterior su libertad
inmediata si otros motivos legales no lo impiden. Líbrense las comunicaciones que sean necesarias.

4. COMPULSAR copias de la actuación para que el funcionario competente inicie la investigación a que haya lugar conforme a las consideraciones de la motivación de esta decisión.

Notifíquese, cúmplase y devuélvase l expediente al Tribunal de origen.

JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA
Magistrado
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria

sábado, 13 de agosto de 2011

Sentencias de HABEAS CORPUS proferidas por el CONSEJO DE ESTADO 2007-2011

Sentencias de HABEAS CORPUS proferidas por el CONSEJO DE ESTADO


Año Descriptor Restrictor Ponente No. Unico
2008 ACCION DE HABEAS CORPUS alcance. elementos extrínsecos BERTHA LUCIA RAMIREZ DE PAEZ 73001-23-31-000-2008-00069-01

2007 ACCION DE HABEAS CORPUS ejercicio está condicionado a la inexistencia de otros medios procesales que permitan el restablecimiento de la libertad del detenido SUSANA BUITRAGO VALENCIA 17001-23-31-000-2007-00124-01

2007 ACCION DE HABEAS CORPUS generalidades RAMIRO SAAVEDRA BECERRA 76001-23-31-000-2007-00125

2008 ACCION DE HABEAS CORPUS generalidades MAURICIO FAJARDO GOMEZ 15001-23-31-000-2008-01251-01

2008 ACCION DE HABEAS CORPUS improcedencia para el examen de elementos intrínsicos BERTHA LUCIA RAMIREZ DE PAEZ 73001-23-31-000-2008-00069-01

2007 ACCION DE HABEAS CORPUS improcedente toda vez que ya se habia aceptado cargos y celebrado audiencia pública ALBERTO ARANGO MANTILLA 25000-23-25-000-2007-00428-01

2007 ACCION DE HABEAS CORPUS improcedente, toda vez que lo que se quiere atacar es la responsabilidad del actor JAIME MORENO GARCIA 73001-23-31-000-2007-00066-01

2007 ACCION DE HABEAS CORPUS objeto LIGIA LOPEZ DIAZ 19001-23-31-000-2007-00138-01

2008 ACCION DE HABEAS CORPUS alcance. elementos extrínsecos BERTHA LUCIA RAMIREZ DE PAEZ 73001-23-31-000-2008-00069-01

2007 ACCION DE HABEAS CORPUS ejercicio está condicionado a la inexistencia de otros medios procesales que permitan el restablecimiento de la libertad del detenido SUSANA BUITRAGO VALENCIA 17001-23-31-000-2007-00124-01

2007 ACCION DE HABEAS CORPUS generalidades RAMIRO SAAVEDRA BECERRA 76001-23-31-000-2007-00125

2008 ACCION DE HABEAS CORPUS generalidades MAURICIO FAJARDO GOMEZ 15001-23-31-000-2008-01251-01

2008 ACCION DE HABEAS CORPUS improcedencia para el examen de elementos intrínsicos BERTHA LUCIA RAMIREZ DE PAEZ 73001-23-31-000-2008-00069-01

2007 ACCION DE HABEAS CORPUS improcedente toda vez que ya se habia aceptado cargos y celebrado audiencia pública ALBERTO ARANGO MANTILLA 25000-23-25-000-2007-00428-01

2007 ACCION DE HABEAS CORPUS improcedente, toda vez que lo que se quiere atacar es la responsabilidad del actor JAIME MORENO GARCIA 73001-23-31-000-2007-00066-01

2007 ACCION DE HABEAS CORPUS objeto LIGIA LOPEZ DIAZ 19001-23-31-000-2007-00138-01

2010 ACCION DE HABEAS CORPUS CARACTER RESIDUAL Y EXCEPCIONAL EJERCICIO CONDICIONADO A LA INEXISTENCIA DE OTROS MEDIOS PROCESALES GUSTAVO EDUARDO GOMEZ ARANGUREN 50001-23-31-000-2010-00056-01

2010 ACCION DE HABEAS CORPUS OBJETO EVENTOS DE PROCEDENCIA MAURICIO FAJARDO GOMEZ 54001-23-31-000-2010-00184-01

2010 ACCION DE HABEAS CORPUS SOLO PUEDE SER INVOCADA UNA SOLA VEZ MAURICIO FAJARDO GOMEZ 54001-23-31-000-2010-00184-01

2010 ACCION DE HABEAS CORPUS TRAMITE EVENTOS DE PROCEDENCIA ENRIQUE GIL BOTERO 73001-23-31-000-2010-00296-01

2010 ACCION DE HABEAS CORPUS GARANTIA DEL DERECHO A LA LIBERTAD MAURICIO FAJARDO GOMEZ 25000-23-25-000-2010-00358-01

2010 ACCION DE HABEAS CORPUS ALCANCE PRINCIPIO DE SUBSIDIARIDAD MAURICIO FAJARDO GOMEZ 25000-23-25-000-2010-00358-01

2010 ACCION DE HABEAS CORPUS NO PUEDE SUSTITUIR AL JUEZ NATURAL SOLO SE PERMITE EL EXAMEN DE LOS ELEMENTOS EXTRINSECOS DE LA MEDIDA QUE AFECTA LA LIBERTAD MAURICIO FAJARDO GOMEZ 25000-23-25-000-2010-00358-01

2010 ACCION DE HABEAS CORPUS SOLO PUEDE SER EJERCIDA UNA SOLA VEZ COSA JUZGADA TEMERIDAD ALFONSO VARGAS RINCON 50001-23-31-000-2010-00418-01

2010 ACCION DE HABEAS CORPUS ALCANCE SOLO ADMITE EL EXAMEN DE LOS ELEMENTOS EXTRINSECOS DE LA MEDIDA QUE AFECTA LA LIBERTAD NO PUEDE EXTENDERSE RELACIONADOS CON EL PROCESO PENAL BERTHA LUCIA RAMIREZ DE PAEZ 76001-23-31-000-2010-01058-01

2011 ACCION DE HABEAS CORPUS ALCANCE PRINCIPIO DE SUBSIDIARIDAD NO PUEDE SUSTITUIR AL JUEZ NATURAL SOLO SE PERMITE EL EXAMEN DE LOS ELEMENTOS EXTRINSECOS DE LA MEDIDA QUE AFECTA LA LIBERTAD MAURICIO FAJARDO GOMEZ 25000-23-24-000-2011-00153-01

Relatoria sobre las ULTIMAS SENTENCIAS DE HABEAS CORPUS PROFERIDAS POR MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Las siguientes son las ùltimas sentencias sobre hábeas corpus que ha difundido la relatoria de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal

1. 34641 del 28 de julio de 2010: HÁBEAS CORPUS-Competencia de la Corte Suprema de Justicia/ HÁBEAS CORPUS-Procedencia/ HÁBEAS CORPUS-Improcedencia cuando se cumple con los requisitos legales de privación de libertad/ HÁBEAS CORPUS-Privación de la libertad por orden de autoridad competente/ HÁBEAS CORPUS-No sustituye el trámite del proceso penal ordinario/ HÁBEAS CORPUS-La medida de aseguramiento es independiente del acto de captura.


2. 35060 del 28 de septiembre de 2010: HÁBEAS CORPUS-Competencia de la Corte Suprema de Justicia/ HÁBEAS CORPUS-Finalidad/ HÁBEAS CORPUS-Procedencia/ HÁBEAS CORPUS-No está previsto para discutir las razones que llevaron a la privación de la libertad/ HÁBEAS CORPUS-Finalidad/ HÁBEAS CORPUS-Improcedencia.


3. 35090 del 04 de octubre de 2010: HÁBEAS CORPUS-Definición/ HÁBEAS CORPUS-Ámbito de protección/ HÁBEAS CORPUS-No sustituye el trámite del proceso penal ordinario/ HÁBEAS CORPUS-Libertad provisional: Se discute en el respectivo proceso/ HÁBEAS CORPUS-Impuesta la medida de aseguramiento se debe acudir al proceso ordinario/ HÁBEAS CORPUS-Libertad provisional: Se discute en el respectivo proceso salvo vía de hecho


4. 35226 del 26 de octubre de 2010: HÁBEAS CORPUS-Competencia de la Corte Suprema de Justicia/ HÁBEAS CORPUS-Prolongación ilícita de la privación de libertad/ HÁBEAS CORPUS-Libertad: Se discute en el respectivo proceso/ HÁBEAS CORPUS-Procedencia/ HÁBEAS CORPUS-Libertad: Competencia del Juez de Ejecución de Penas/ HÁBEAS CORPUS-No sustituye el trámite del proceso penal ordinario: Excepciones.


5. 35238 del 27 de octubre de 2010: HABEAS CORPUS-Competencia de la Corte Suprema de Justicia/ HABEAS CORPUS-Impugnación: No requiere de sustentación/ HABEAS CORPUS-Libertad provisional: Se discute en el respectivo proceso/ HABEAS CORPUS-Características en cuanto acción constitucional.


6. 35239 del 27 de octubre de 2010: HÁBEAS CORPUS-Definición/ HÁBEAS CORPUS-Competencia: Factor territorial/ HÁBEAS CORPUS-Ámbito de protección/ HÁBEAS CORPUS-No sustituye el trámite del proceso penal ordinario/ SISTEMA PENAL ACUSATORIO-Recurso de apelación: Motivación de la decisión de segunda instancia puede diferir de la de primera/ SISTEMA PENAL ACUSATORIO-Libertad provisional: Vencimiento de términos, justa causa.


7. 35292 del 05 de noviembre de 2010: HÁBEAS CORPUS-Definición/ HABEAS CORPUS-Acción principal y derecho/ HÁBEAS CORPUS-Procedencia/ HÁBEAS CORPUS-Reserva judicial para la afectación de la libertad/ HÁBEAS CORPUS-No sustituye el trámite del proceso penal ordinario/ HÁBEAS CORPUS-Libertad provisional: Se discute en el respectivo proceso.


8. 35325 del 11 de noviembre de 2010: HÁBEAS CORPUS-Competencia de la Corte Suprema de Justicia/ HÁBEAS CORPUS-Procedencia/ HÁBEAS CORPUS-No sustituye el trámite del proceso penal ordinario.


9. 35349 del 12 de noviembre de 2010: HÁBEAS CORPUS-Competencia de la Corte Suprema de Justicia/ HÁBEAS CORPUS-Impugnación: No requiere de sustentación/ HÁBEAS CORPUS-Bloque de constitucionalidad/ HÁBEAS CORPUS-Reconocimiento en instrumentos internacionales/ HÁBEAS CORPUS-Naturaleza/ HÁBEAS CORPUS-Debido proceso/ HÁBEAS CORPUS-Ámbito de protección/ HÁBEAS CORPUS-No sustituye el trámite del proceso penal ordinario/ HÁBEAS CORPUS-Libertad: Se discute en el respectivo proceso/ HÁBEAS CORPUS-Sólo se relaciona con elementos extrínsecos de la medida que afecta la libertad/ HÁBEAS CORPUS-Libertad provisional: Se discute en el respectivo proceso/ HÁBEAS CORPUS-Improcedencia cuando se cumple con los requisitos legales de privación de libertad.


10. 35354 del 12 de noviembre de 2010: HÁBEAS CORPUS-Impugnación: No requiere de sustentación/ HÁBEAS CORPUS-Alcance está determinado por los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia/ HÁBEAS CORPUS-Naturaleza/ HÁBEAS CORPUS-Procedencia/ HÁBEAS CORPUS-Objeto/ HÁBEAS CORPUS-No sustituye el trámite del proceso penal ordinario/ HÁBEAS CORPUS-Privación de la libertad por orden de autoridad competente/ HÁBEAS CORPUS-Prevalencia del proceso penal ordinario/ HÁBEAS CORPUS-Improcedencia: Mecanismos sustitutivos/ HÁBEAS CORPUS-No sustituye el trámite del proceso penal ordinario: Excepciones/ HÁBEAS CORPUS-Vías de hecho.


11. 35457 del 30 de noviembre de 2010: HÁBEAS CORPUS-Competencia de la Corte Suprema de Justicia/ HÁBEAS CORPUS-Ámbito de protección/ HÁBEAS CORPUS-Procedencia/ HÁBEAS CORPUS-No es para discutir las razones que dieron lugar a la privación de la libertad/ HÁBEAS CORPUS-Finalidad/ COLISIÓN DE COMPETENCIA-Precisión y alcance del concepto "ley del proceso": Carácter relativo de la definición/ HÁBEAS CORPUS-No sustituye el trámite del proceso penal ordinario: Competencia.


12. 35467 del 01 de diciembre de 2010: HÁBEAS CORPUS-Acción principal y derecho/ HÁBEAS CORPUS-Ámbito de protección/ HÁBEAS CORPUS-Reserva judicial para la afectación de la libertad/ HÁBEAS CORPUS-No sustituye el trámite del proceso penal ordinario/ HÁBEAS CORPUS-Libertad provisional: Se discute en el respectivo proceso/ SISTEMA PENAL ACUSATORIO-Libertad provisional: Vencimiento de términos, imputable al defensor o al acusado/ SISTEMA PENAL ACUSATORIO-Libertad provisional: Vencimiento de términos, justa causa.


13. 35662 del 24 de enero de 2011: HÁBEAS CORPUS-Competencia de la Corte Suprema de Justicia/ HÁBEAS CORPUS-Improcedencia cuando se cumple con los requisitos legales de privación de libertad/ HÁBEAS CORPUS-Libertad: Se discute en el respectivo proceso/ HÁBEAS CORPUS-Prolongación ilícita de la privación de libertad: Se configura/ LEY DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA-Improcedencia de libertad provisional según el artículo 199 de la Ley 1098/ HÁBEAS CORPUS-Libertad provisional: Se discute en el respectivo proceso salvo vía de hecho.


14. 35643 del 18 de enero de 2011: HÁBEAS CORPUS-Competencia de la Corte Suprema de Justicia/ HÁBEAS CORPUS-Definición/ HÁBEAS CORPUS-No sustituye el trámite del proceso penal ordinario: Libertad condicional, evaluación redención de la pena/ BUENA FE/ PRINCIPIO DE LA BUENA FE.


15. 35642 del 18 de enero de 2011: HÁBEAS CORPUS-Definición/ HÁBEAS CORPUS-Acción principal y derecho/ HÁBEAS CORPUS-Efecto correctivo y reparador/ HÁBEAS CORPUS-No sustituye el trámite del proceso penal ordinario/ HÁBEAS CORPUS-Ámbito de protección/ HÁBEAS CORPUS-Libertad provisional: Se discute en el respectivo proceso.


16. 35739 del 28 de enero de 2011: HÁBEAS CORPUS-Definición/ HÁBEAS CORPUS-Procedencia/ HÁBEAS CORPUS-Ámbito de protección/ HÁBEAS CORPUS-No sustituye el trámite del proceso penal ordinario/ SISTEMA PENAL ACUSATORIO-Libertad provisional en caso de preacuerdo o allanamiento/ SISTEMA PENAL ACUSATORIO-Preacuerdos y negociaciones: Suspensión de términos después de suscrito/ SISTEMA PENAL ACUSATORIO-Libertad provisional: Vencimiento de términos, imputable al defensor o al acusado/ HÁBEAS CORPUS-Compulsación de copias por falta de veracidad en su invocación.


17. 35759 del 03 de febrero de 2011: HÁBEAS CORPUS-Definición/ HÁBEAS CORPUS-Ámbito de protección/ HÁBEAS CORPUS-No sustituye el trámite del proceso penal ordinario/ HÁBEAS CORPUS-Subrogados penales se discuten en el proceso.


18. 35866 del 16 de febrero de 2011: HÁBEAS CORPUS-Definición/ HÁBEAS CORPUS-Naturaleza/ HÁBEAS CORPUS-Procedencia/ HÁBEAS CORPUS-Ámbito de protección/ HÁBEAS CORPUS-No sustituye el trámite del proceso penal ordinario/ LEY DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA-Improcedencia de redención de pena del artículo 199 de la Ley 1098.


19. 35872 del 18 de febrero de 2011: HÁBEAS CORPUS-Competencia de la Corte Suprema de Justicia/ HÁBEAS CORPUS-Definición/ HÁBEAS CORPUS-Libertad provisional: Se discute en el respectivo proceso/ SISTEMA PENAL ACUSATORIO-Libertad provisional: Vencimiento de términos, justa causa.


20. 35897 del 22 de febrero de 2011: HÁBEAS CORPUS-Competencia de la Corte Suprema de Justicia/ HÁBEAS CORPUS-Finalidad/ HÁBEAS CORPUS-Procedencia/ HÁBEAS CORPUS-No sustituye el trámite del proceso penal ordinario/ HÁBEAS CORPUS-No está previsto para discutir las razones que llevaron a la privación de la libertad/ HÁBEAS CORPUS-Objeto/ HÁBEAS CORPUS-Impugnación: No está prevista para presentar argumentaciones no expuestas en la solicitud inicial/ HÁBEAS CORPUS-No sustituye el trámite del proceso penal ordinario.


21. 35910 del 22 de febrero de 2011: HÁBEAS CORPUS-Competencia de la Corte Suprema de Justicia: No la tiene en primera instancia/ HÁBEAS CORPUS-Competencia: Factor territorial.


22. 35896 del 23 de febrero de 2011: HÁBEAS CORPUS-Definición/ HÁBEAS CORPUS-Acción principal y derecho/ HÁBEAS CORPUS-Efecto correctivo y reparador/ HÁBEAS CORPUS-Procedencia/ HÁBEAS CORPUS-Ámbito de protección/ HÁBEAS CORPUS-No sustituye el trámite del proceso penal ordinario/ HÁBEAS CORPUS-No sustituye el trámite del proceso penal ordinario, ni la acción de tutela ni la acción de revisión.


23. 35941 del 24 de febrero de 2011: HÁBEAS CORPUS-Competencia de la Corte Suprema de Justicia/ HÁBEAS CORPUS-Impugnación: No requiere de sustentación/ HÁBEAS CORPUS-No sustituye el trámite del proceso penal ordinario/ HÁBEAS CORPUS-Libertad provisional: Se discute en el respectivo proceso.

24. 36004 del 07 de marzo de 2011: HÁBEAS CORPUS-Competencia de la Corte Suprema de Justicia/ HÁBEAS CORPUS-Procedencia/ HÁBEAS CORPUS-No sustituye el trámite del proceso penal ordinario salvo vía de hecho/ HÁBEAS CORPUS-Improcedencia cuando se cumple con los requisitos legales de privación de libertad/ HÁBEAS CORPUS-No sustituye el trámite del proceso penal ordinario.


25. 36003 del 08 de marzo de 2011: HÁBEAS CORPUS-Competencia de la Corte Suprema de Justicia/ HÁBEAS CORPUS-Impugnación/ HÁBEAS CORPUS-Impugnación: No requiere de sustentación/ HÁBEAS CORPUS-Falta de formalidades en su trámite/ HÁBEAS CORPUS-Naturaleza/ HÁBEAS CORPUS-No sustituye el trámite del proceso penal ordinario/ HÁBEAS CORPUS-Prevalencia del proceso penal ordinario/ HÁBEAS CORPUS-No es para discutir las razones que dieron lugar a la privación de la libertad/ HÁBEAS CORPUS-Privación de la libertad por orden de autoridad competente/ HÁBEAS CORPUS-No sustituye el trámite del proceso penal ordinario: Excepciones.

26. 36002 del 08 de marzo de 2011: HÁBEAS CORPUS-Definición/ HÁBEAS CORPUS-Procedencia/ HÁBEAS CORPUS-No sustituye el trámite del proceso penal ordinario/ HÁBEAS CORPUS-Libertad provisional: Se discute en el respectivo proceso salvo vía de hecho/ SISTEMA PENAL ACUSATORIO-Libertad provisional: Término para dar inicio a la audiencia de juicio oral, celebración de la audiencia enerva causal.


27. 36074 del 17 de marzo de 2011: HÁBEAS CORPUS-Competencia de la Corte Suprema de Justicia/ HÁBEAS CORPUS-Definición/ HÁBEAS CORPUS-Procedencia/ HÁBEAS CORPUS-Improcedencia/ SISTEMA PENAL ACUSATORIO-Libertad provisional: Vencimiento de términos, justa causa.

miércoles, 22 de junio de 2011

HABEAS CORPUS VIAS DE HECHO Y PROCESO PENAL. Contenido de la obra

Hábeas corpus vías de hecho y proceso penal

Autores: Alberto Poveda Perdomo y Abelardo Poveda Perdomo

C O N T E N I D O


INTRODUCCIÓN

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2. LÍNEA JURISPRUDENCIA TRADICIONAL: LA LIBERTAD DE UN PROCESADO NO SE PUEDE RECLAMAR POR MEDIO DEL HÁBEAS CORPUS
2.1. RESUMEN JURISPRUDENCIAL
2.2. SÍNTESIS JURISPRUDENCIAL: EL HÁBEAS CORPUS SOLO SE RELACIONA CON LOS ELEMENTOS EXTRÍNSECOS DE LA MEDIDA QUE AFECTA LA LIBERTAD
2.2.1. Corte Suprema de Justicia
2.2.2. Corte Constitucional
2.3. SUPUESTOS EN QUE PROCEDE EL HÁBEAS CORPUS
2.4. RENOVADA VIGENCIA POR VÍA JURISPRUDENCIAL DE SUPUESTO NORMATIVO INCONSTITUCIONAL
2.5. BREVE CRÍTICA A LA JURISPRUDENCIA TRADICIONAL
2.5.1. El tercero que promueve la acción constitucional y su presencia en el proceso penal
2.5.2. La existencia del proceso como limitante de la acción de hábeas corpus
2.5.3. El derecho fundamental y la garantía constitucional no pueden desconocerse por la existencia de un supuesto vicio formal
2.5.4. Diferentes acciones, diferentes derechos y diferentes procedimientos
2.5.5. Limitación del recurso efectivo por omisión del «control de convencionalidad»

3. LA DISCUSIÓN DOCTRINAL: CAUSALES DE LIBERTAD Y HÁBEAS CORPUS
3.1. DOCTRINA COINCIDENTE CON LA JURISPRUDENCIA TRADICIONAL
3.1.1. JAIME BERNAL CUELLAR y EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
3.1.2. WHANDA FERNÁNDEZ LEÓN
3.1.3. FABIO ESPITIA GARZÓN
3.1.4. GILBERTO MARTÍNEZ RAVE
3.2. DOCTRINA CRÍTICA
3.2.1. HERNANDO LONDOÑO JIMÉNEZ
3.2.2. ORLANDO GÓMEZ LÓPEZ
3.2.3. CIRO ANGARITA BARÓN y ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO
3.2.4. MYRIAM ÁVILA ROLDÁN
3.2.5. JAIME ARAÚJO RENTERÍA
3.2.6. HELENA AVILAR GARCÍA
3.3. NUESTRA INSISTENCIA: PROCEDE EL HÁBEAS CORPUS CONTRA RESOLUCIONES JUDICIALES

4. APROXIMACIÓN A LA PROBLEMÁTICA DESDE LA ÓPTICA DEL DERECHO COMPARADO
4.1. ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
4.2. ARGENTINA
4.3. ESPAÑA
4.4. PERÚ
4.5. ENSEÑANZA DE LO QUE OCURRE EN EL EXTERIOR

5. UNA MIRADA DESDE LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES
5.1. HÁBEAS CORPUS Y BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD
5.2. PRIVACIONES ILEGALES DE LA LIBERTAD SEGÚN NACIONES UNIDAS
5.3. PROTECCIÓN DE LA LIBERTAD INDIVIDUAL POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
5.4. CONCEPTO DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA SOBRE DETENCIÓN ARBITRARIA

6. APARICIÓN DEL JUEZ QUE REVISA LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN LOS PROCESOS JUDICIALES
6.1. PUNTO DE PARTIDA
6.2. CONSOLIDACIÓN DE LA TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
6.3. FUNDAMENTOS Y REQUISITOS PARA QUE LA TUTELA PROCEDA CONTRA DECISIONES JUDICIALES
6.3.1. Fundamento
6.3.2. Requisitos
6.4. EL CONCEPTO «VÍA DE HECHO» Y SU AMPLIACIÓN A «CAUSALES GENÉRICAS DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN»
6.5. MODALIDADES DE VÍAS DE HECHO Y TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
6.5.1. Defecto sustantivo o material
6.5.2. Defecto orgánico o de competencia
6.5.3. Defecto fáctico o probatorio
6.5.4. Defecto procedimental
6.5.5. Error inducido o defecto por consecuencia
6.5.6. Defecto por falta de motivación
6.5.7. Defecto por desconocimiento del precedente judicial
6.5.8. Defecto por violación directa de la Constitución
6.6. DERECHOS QUE SE PUEDEN AMPARAR CON LA ACCIÓN DE TUTELA ANTE UNA VÍA DE HECHO JUDICIAL

7. TUTELA, VÍAS DE HECHO Y PROCESO PENAL
7.1. EN LA INDAGACIÓN PRELIMINAR
7.2. DURANTE LA ETAPA DE INSTRUCCIÓN
7.3. EN LA DILIGENCIA DE INDAGATORIA
7.4. EN EL CIERRE DE INVESTIGACIÓN
7.5. EN LA ETAPA DE JUZGAMIENTO
7.6. EN LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL
7.7. EN LA SENTENCIA
7.8. EN SEGUNDA INSTANCIA
7.9. EN CASACIÓN

8. LA RELACIÓN VÍAS DE HECHO-HÁBEAS CORPUS
8.1. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN
8.2. PRIMER NOTICIA DE LA RELACIÓN VÍAS DE HECHO-HÁBEAS CORPUS
8.3. RECEPCIÓN EN LA CORTE SUPREMA DEL CONCEPTO VÍAS DE HECHO EN MATERIA DE HÁBEAS CORPUS

9. ALGUNOS SUPUESTOS REPRESENTATIVOS DE VÍAS DE HECHO QUE HACEN PROCEDENTE EL HÁBEAS CORPUS
9.1. ASUNTOS JUZGADOS
9.1.1. Capturado en Cúcuta sin orden judicial ni en situación de flagrancia
9.1.2. Juez de garantías de Cali que no legaliza oportunamente unas capturas
9.1.3. Los retenidos de Puerto Gaitán
9.1.4. El menor de Pereira
9.1.5. El asunto de la caución prendaria de Soledad
9.1.6. La captura administrativa en Sucre
9.1.7. La infracción al Código de Policía de Bogotá
9.1.8. El condenado de Villahermosa que cumplió la pena
9.1.9. El vencimiento de términos en Betulia
9.1.10. El arrestado por desacato a fallo de tutela
9.1.11. Vencimiento de términos sin iniciación del juicio oral
9.1.12. Vencimiento de términos para resolver peticiones de libertad e iniciar el juicio oral
9.1.13. La imposición de medida de aseguramiento no sanea los vicios de una captura ilegal
9.2. SUPUESTOS HIPOTÉTICOS DE VÍAS DE HECHO QUE AUTORIZAN EL HÁBEAS CORPUS
9.3. PROPUESTA

10. VÍAS DE HECHO Y HÁBEAS CORPUS: REGLAS DE INTERPRETACIÓN
10.1. OLVIDAR LAS LIMITACIONES QUE SE IMPONEN A LA ACCIÓN DE TUTELA
10.2. CARACTERIZACIÓN DEL HÁBEAS CORPUS Y SUS DIFERENCIAS CON LA TUTELA
10.2.1. Características del hábeas corpus en cuanto derecho fundamental
10.2.1.1. Imprescriptibilidad
10.2.1.2. Inalienabilidad
10.2.1.3. Irrenunciabilidad
10.2.1.4. Intangible
10.2.1.5. Inviolabilidad
10.2.1.6. Universalidad
10.2.1.7. Efectividad
10.2.1.8. Extrínseco e intrínseco
10.2.1.9. Inmediato
10.2.1.10. Perentorio
10.2.1.11. Interdependencia y complementariedad
10.2.1.12. Titularidad del derecho
10.2.2. Características del hábeas corpus en cuanto acción
10.2.2.1. Pública
10.2.2.2. Cautelar
10.2.2.3. Preferente
10.2.2.4. Celeridad
10.2.2.5. Impugnable
10.2.2.6. Contradicción
10.2.2.7. Jurisdiccionalidad
10.2.2.8. Informalidad
10.2.2.9. Breve
10.2.2.10. Procedimiento especial
10.2.2.11. Indivisible
10.2.2.12. Atemporal
10.2.2.13. Irrevocable
10.2.2.14. Intransmisible
10.2.2.15. Sencilla
10.2.2.16. Principal
10.2.2.17. Procedencia
10.2.2.18. Específica
10.2.2.19. Eficaz
10.2.2.20. De efectos correctivo y reparador
10.2.3. Diferencias entre la acción de tutela y el hábeas corpus
10.2.4. Conclusión
10.3. EL PRINCIPIO PRO HOMINE
10.3.1. Dimensión del principio
10.3.2. El principio pro homine en la jurisprudencia de la Corte Constitucional
10.3.3. El principio pro homine en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia
10.3.4. El principio pro homine en la sentencia C-187/06
10.4. PRINCIPIOS VERSUS REGLAS
10.4.1. Presentación de la problemática
10.4.2. La libertad como principio
10.4.3. El hábeas corpus como regla
10.5. CONSTITUCIÓN Y LEY ESTATUTARIA VERSUS LEY ORDINARIA
10.6. EL HÁBEAS CORPUS FRENTE A LO FORMAL Y LO SUSTANCIAL
10.7. EVITAR “QUE LA CULEBRA SE MUERDA LA COLA”

11. REQUISITOS PARA QUE EL HÁBEAS CORPUS PROCEDA A FAVOR DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON MOTIVO DE UNA DECISIÓN JUDICIAL
11.1. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA
11.2. NO CONSTITUYEN REQUISITOS DE PROCEDENCIA DEL HÁBEAS CORPUS
11.2.1. Agotar todos los medios de defensa judicial
11.2.2. El requisito de inmediatez
11.2.3. Identificar todos los derechos
11.2.4. Que no se trate de sentencias de tutela
11.3. REQUISITOS MÍNIMOS DE PROCEDENCIA DEL HÁBEAS CORPUS
11.3.1. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional
11.3.2. Que la anomalía procesal alegada sea determinante de la situación irregular
11.3.3. Que la vía de hecho se origine en decisión judicial irregular

12. MODALIDADES DE VÍAS DE HECHO Y HÁBEAS CORPUS
12.1. DEFECTO SUSTANTIVO O MATERIAL
12.2. DEFECTO ORGÁNICO O DE COMPETENCIA
12.3. DEFECTO FÁCTICO O PROBATORIO
12.4. DEFECTO PROCEDIMENTAL
12.5. ERROR INDUCIDO O DEFECTO POR CONSECUENCIA
12.6. DEFECTO POR FALTA DE MOTIVACIÓN
12.7. DEFECTO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL
12.8. DEFECTO POR VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN

13. LA CAPTURA ADMINISTRATIVA COMO PARADIGMA DE LAS VÍAS DE HECHO
13.1. LA JUSTIFICACIÓN INICIAL QUE RECIBIERON LAS CAPTURAS ADMINISTRATIVAS
13.2. LA CAPTURA ADMINISTRATIVA FRENTE A LA SENTENCIA C-176/07
13.3. EL COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE NACIONES UNIDAS Y LA CAPTURA ADMINISTRATIVA
13.4. PROCEDENCIA DEL HÁBEAS CORPUS ANTE UNA CAPTURA ADMINISTRATIVA

14. EL CASO DE LAS CAPTURAS Y LOS DETENIDOS CON FINES DE EXTRADICIÓN
14.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
14.2. CAPTURA ILEGAL
14.3. PROLONGACIÓN ILÍCITA DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD

15. CONCLUSIONES

16. BIBLIOGRAFÍA

martes, 17 de mayo de 2011

PROCEDENCIA DEL HABEAS CORPUS POR EXISTENCIA DE VIA DE HECHO - TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA Concede hábeas corpus

REPUBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA
SALA PENAL
Magistrado Ponente:
ALBERTO POVEDA PERDOMO
Aprobado Acta N° 061

HÁBEAS CORPUS DE PRIMERA INSTANCIA

Bogotá, D.C., martes, diecisiete (17) de mayo de dos mil once (2011).

Radicación 110012204000201101109 00
Accionante ÓSCAR GUTIÉRREZ SALINAS
Accionado(s) Juzgado Dieciocho de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá
Decisión Concede y decreta libertad

I. VISTOS:

1. Se resuelve la acción constitucional de hábeas corpus presentada por ÓSCAR GUTIÉRREZ SALINAS contra el Juzgado Dieciocho de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, a quien acusa de no haber dado cumplimiento a la orden de libertad condicional dispuesta mediante auto de 12 de abril de 2011.

II. DE LA PETICIÓN DE HÁBEAS CORPUS:

2. Dice el accionante que el Juzgado Dieciocho de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, mediante auto de 12 de abril de 2011 le concedió la libertad condicional previa suscripción de diligencia de compromiso y otorgamiento de caución prendaria, exigencias que cumplió mediante póliza judicial, pero hasta ahora el referido Despacho no ha librado la orden de libertad, razón por la cual continúa privado de la libertad en el Centro Penitenciario y Carcelario La Picota, de la Capital de la República.

III. RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS:

3. Juzgado Dieciocho de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad:

3.1. Dijo que ÓSCAR GUTIÉRREZ SALINAS había sido condenado el 31 de marzo de 2009 por el Juzgado 45 Penal del Circuito de Bogotá, a una pena de 30 meses de prisión.

3.2. Que mediante auto de 12 de abril de 2011 le concedió la libertad condicional, pero con la exigencia de constituir diligencia de compromiso y caución prendaria materializada en depósito judicial.

3.3. Que el condenado constituyó pólizas judiciales como caución prendaria, las que no satisfacen el requisito exigido consistente en depósito judicial, con lo que se crea un “vínculo económico entre el hoy condenado y la Administración de Justicia, para así garantizar el cumplimiento de las obligaciones.

3.4. Por lo anterior no ha librado la orden de libertad a favor de ÓSCAR GUTIÉRREZ SALINAS.

3.5. Reclamó que se declare improcedente el hábeas corpus promovido por el condenado.

4. Centro Penitenciario y Carcelario La Picota: Mediante oficio señaló que no ha tramitado libertad a favor del accionante porque no ha recibido boleta de libertad que lo beneficie. No reporta que sea requerido por otra autoridad o asunto.

V. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO:

5. Competencia: De conformidad con lo preceptuado en el artículo 2-1 de la Ley 1095 de 2006, el suscrito Magistrado es competente para conocer del proceso constitucional de hábeas corpus promovido por ÓSCAR GUTIÉRREZ SALINAS, quien alega una prolongación ilícita de la privación de la libertad atribuible a las accionadas.

6. Problema jurídico: Se debe determinar si la privación de la libertad de GUTIÉRREZ SALINAS constituye una vía de hecho que la haga ilegal, y, en consecuencia, sí los supuestos fácticos y jurídicos que determinan la procedencia del hábeas corpus están presentes en el sub examine.

7. Cuestión preliminar: Se tiene dicho que el término para tramitar y decidir una acción de hábeas corpus debe contarse a partir de la presentación de la petición ante la autoridad competente o quien esté encargado del reparto.

8. Tal entendimiento es perfectamente válido y así se debe correr el plazo de 36 horas que tiene la autoridad judicial para emitir el fallo conforme el cual se resuelva la acción constitucional, pero existen eventos concretos que alteran dicha interpretación porque puede ocurrir que transcurran varias horas entre la presentación de la demanda, el reparto y la entrega efectiva del asunto al Despacho judicial al que le concernió, supuestos en los que el plazo para resolver se contará desde el momento en que la petición de amparo efectivamente esté en manos del juez o magistrado a quien correspondió el reclamo de libertad.

9. En el presente asunto se sabe que (i) la solicitud de hábeas corpus fue presentada el lunes 16 de mayo de 2011, (ii) el reparto se surtió a las 11:10:53 a.m., (iii) que a las 4:20 p.m. se anunció telefónicamente que había correspondido un hábeas corpus al Despacho que regenta el suscrito magistrado, y, por último, (iv) el proceso llegó a las 4:55 p.m., cinco minutos antes de la hora oficial de cierre de la jornada laboral.

10. Lo reseñado permite concluir que las 36 horas que se tienen para tramitar y decidir la solicitud constitucional de libertad que ahora ocupa al Despacho, se contarán a partir del instante en que efectivamente fue recibida la demanda de hábeas corpus.

11. Apuntes sobre el hábeas corpus: El derecho fundamental y la acción de hábeas corpus, como lo establecen los convenios y tratados internacionales sobre derechos humanos (Declaración Americana de Derechos Humanos, artículo XXV, Declaración Universal de Derechos Humanos, artículos 3°, 8°, 9° y 10°, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículos 1°, 3° y 4°, Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos 7°, 8° y 25, Principios para la Protección de todas las Personas sometidas a Cualquier Detención o Prisión), están instituidos como la máxima garantía normativa dirigida al amparo de la libertad personal y los derechos conexos.

12. En la determinación de la naturaleza jurídica del hábeas corpus se tiene dicho que (i). es un derecho constitucional fundamental (art. 30 de la Const. Pol.) de aplicación inmediata (art. 85, ibídem) no susceptible de limitación durante los estados de excepción (arts. 93 y 214-2 ídem y art. 4° de la Ley Estatutaria 137 de 1994), que se debe interpretar de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (art. 93 de la Const. Pol.) cuya regulación debe ser objeto de una ley estatutaria (art. 152-a, ibídem) , y también (ii). es un mecanismo procesal de protección de la libertad personal en tanto en cuanto como acción pública constitucional trata de hacer efectivo el derecho fundamental de libertad individual y, por ello, se constituye en una garantía procesal , según lo consagra el artículo primero de la Ley 1095 de 2006, Estatutaria del Hábeas Corpus.

13. Como derecho fundamental el hábeas corpus se caracteriza por ser imprescriptible, inalienable, irrenunciable, intangible, inviolable, universal, efectivo, extrínseco e intrínseco, inmediato, perentorio, interdependiente y complementario, y cuya titularidad se extiende a todas las personas. Como acción constitucional se describe como pública, cautelar, preferente, célere, impugnable, objeto de contradicción, jurisdiccional, informal, breve (sumaria en el sentido de breve), con un procedimiento especial, indivisible, atemporal, irrevocable, intransmisible, sencilla, principal, específica, eficaz, procedente en específicas circunstancias y de efectos correctivo y reparador .

14. Las notas definitorias del hábeas corpus permiten ver sus similitudes pero, sobre todo, sus grandes diferencias con la acción de tutela.

15. Si bien es cierto que la jurisprudencia constitucional ha dicho que “el derecho consagrado en el artículo 30 de la Constitución puede también interpretarse como una acción, de igual naturaleza a la acción de tutela de que trata el artículo 86 superior, y por tal razón se puede afirmar, en otros términos, que se trata de una ‘acción de tutela de la libertad’, con el fin de hacer efectivo este derecho , se puede ver de acuerdo con las características asignadas al hábeas corpus, que una y otra son diferentes, pues la tutela permite alegar ante la jurisdicción la violación o amenaza de los derechos fundamentales en general, y, en cambio, al hábeas corpus se puede recurrir tan sólo contra capturas ilegales o prolongaciones ilegales de la privación de la libertad y los derechos conexos , como lo ha precisado la jurisprudencia constitucional , siguiendo los precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos .

16. Resulta claro que la acción de tutela y el hábeas corpus se identifican en cuanto son entendidos como acciones constitucionales, hacen parte del listado de derechos fundamentales, se rigen por el principio de informalidad, sus trámites son los más rápidos previstos en el ordenamiento jurídico, las órdenes emitidas son de estricto cumplimiento y quienes las incumplan serán sancionados, se fundamentan en la prevalencia del derecho sustancial, etc.

17. Con todo, al examinar las características del hábeas corpus frente a las que posee la acción de tutela, se pueden observar varias e importantes diferencias, tales como :

(i). el hábeas corpus es una acción principal, autónoma e independiente, mientras que la acción de tutela es subsidiaria, porque no resulta procedente cuando existe otro medio judicial de defensa del derecho fundamental;

(ii). el hábeas corpus normalmente se presenta contra actos, acciones o providencias de autoridades administrativas y judiciales, por igual, y, en cambio, la acción de tutela solamente procede contra autoridades judiciales de manera excepcional y sólo para situaciones constitutivas de vías de hecho;

(iii). la condición de trámite preferente que tiene el hábeas corpus frente a la tutela, siendo que ésta es preferente sobre todas las demás acciones constitucionales y legales que existen en el ordenamiento jurídico colombiano;

(iv). los términos que se tienen para su trámite, pues el hábeas corpus debe resolverse en un plazo máximo de 36 horas, y, en cambio, la tutela tiene que ser definida en un período de hasta 10 días hábiles. Los jueces de segunda instancia a quienes compete resolver estas acciones tienen 3 y 10 días hábiles para pronunciarse frente a las impugnaciones que se presenten contra las decisiones de hábeas corpus y tutela, respectivamente.

(v). los sujetos legitimados para su presentación, pues el hábeas corpus puede ser presentado por el interesado -quien se encuentra en situación de privación de la libertad, cualquierra sea la denominación que reciba ésta- o por cualquier persona, sin necesidad de poder o de demostrar una legitimación específica, mientras que en la tutela sí se requiere legitimación en la causa y si se actúa por medio de mandato, éste se le debe otorgar solemnemente a un abogado;

(vi). la posibilidad de recurrir la decisión, que en el caso del hábeas corpus sólo es procedente la impugnación en busca de su prosperidad cuando se rechaza el amparo por el a quo, y en la tutela procede la impugnación, cualquiera que sea la decisión proferida por el juez de primer grado. Con lo anterior se evidencia que una decisión favorable de hábeas corpus no tiene control posterior, en tanto que un amparo tutelar puede ser revocado por el ad quem;

(vii). el carácter definitivo o provisional de lo resuelto, porque en el hábeas corpus es irreversible la decisión que se toma cuando es declarada ilícita la captura o prolongación de la privación de la libertad, pues ello conduce en forma inmediata a la libertad del ciudadano, mientras que en la acción de tutela se pueden presentar decisiones que conceden amparos provisionales o en segunda instancia se puede revocar el amparo concedido por el juez de primer grado;

(viii). el cumplimiento de lo resuelto, pues en la decisión favorable a una petición de hábeas corpus se produce el efecto liberatorio en forma inmediata; mientras que en la acción de tutela normalmente se posterga, por al menos varios días, el cumplimiento de la decisión en la que resuelve amparar los derechos vulnerados o amenazados;

(ix). la acción de hábeas corpus tan sólo puede dirigirse contra autoridades públicas (servidores públicos en ejercicio de sus funciones), y, en cambio, la acción de tutela también se puede intentar contra particulares;

(x). cuando procede el hábeas corpus es imperativa la compulsación de copias para que se adelante la correspondiente investigación penal y disciplinaria en contra del servidor público que capturó o prolongó ilícitamente la privación de la libertad de una persona; en la tutela tal decisión de compulsar copias es facultativa del juez;

(xi). la petición de hábeas corpus se resuelve formalmente por medio de un auto interlocutorio, y en la acción de tutela el conflicto se define por medio de una sentencia;

(xii). la decisión favorable en el hábeas corpus conduce a que el juez, en forma personal y directa, ordene la cesación de los actos o acciones que mantienen a una persona bajo vulneración de sus derechos y garantías, lo que ejecuta disponiendo su libertad inmediata e incondicional; en la acción de tutela el juez normalmente ordena a la autoridad pública o al particular que haga cesar la vulneración o amenaza del derecho fundamental, estableciéndose un incidente especial para los supuestos en que no se cumpla lo ordenado por el juez;

(xiii). el hábeas corpus no constituye medio idóneo para pretender la protección del derecho a ejercer la acción de tutela, en tanto la tutela procede cuando se pretenda la protección del hábeas corpus entendido como derecho fundamental . Los jueces deben estar atentos a la hora de iniciar los trámites judiciales, de modo que si por medio de la acción de tutela se pretende la libertad, lo que se debe disponer es tramitar el asunto como un hábeas corpus, y viceversa, obteniéndose con ello el resultado que impone una interpretación pro homine: existencia de un recurso efectivo para la protección de los derechos fundamentales;

(xiv). las decisiones de hábeas corpus no están sujetas a ningún mecanismo de revisión o unificación de la jurisprudencia, cuestión que sí se presenta en la acción de tutela; y,

(xv). el juez que no tramite, decide u obstaculiza una petición de hábeas corpus incurre en una conducta típica que el legislador ha denominado desconocimiento de hábeas corpus (Código Penal, art. 177); conductas similares en un proceso de tutela se pueden calificar como prevaricato o abuso de autoridad (Ibídem, arts. 414 y 416).


18. Si bien la jurisprudencia tradicionalmente ha señalado que el hábeas corpus procede en los siguientes casos: a) siempre que la vulneración de la libertad se produzca por orden arbitraria de autoridad no judicial; b) mientras la persona se encuentre ilegalmente privada de la libertad por vencimiento de los términos legales respectivos; c) cuando, pese a existir una providencia judicial que ampara la limitación del derecho a la libertad personal, la solicitud de hábeas corpus se formuló durante el período de prolongación ilegal de la libertad, es decir, antes de proferida la decisión judicial; y, d) si la providencia que ordena la detención es una auténtica vía de hecho judicial , todos los supuestos de procedencia se pueden reconducir dentro del concepto «vía de hecho» , el que representa o resulta explicativo de la existencia de todo tipo acciones u omisiones surgidas del capricho o arbitrariedad de una autoridad pública con franco y ostensible desprecio de normas vinculantes provenientes de los tratados y convenios internacionales, la Constitución y la ley, que garantizan la libertad personal y el derecho a un recurso efectivo para su protección.

19. De lo anterior se sigue que el hábeas corpus no se puede limitar con requisitos de procedibilidad que el legislador estatutario no estableció, como lo es la exigencia del agotamiento de los recursos dentro del proceso, porque en ese caso se está autorizando la acción solamente a las partes e intervinientes del trámite judicial, únicos facultados para promover recursos o hacer peticiones de libertad, siendo que el precepto Supremo concibe la acción, como derecho de acceso a la justicia y garantía de obtener una decisión pronta, a toda persona que advierta la ocurrencia de una captura o privación ilegal de la libertad.

20. Adicionalmente, la jurisprudencia de las instancias internacionales encargadas de interpretar tratados, constituye un criterio hermenéutico relevante para establecer el sentido de las normas constitucionales sobre derechos fundamentales . Por ejemplo, la jurisprudencia interamericana señala que cuando un Estado es Parte de un tratado internacional como la Convención Americana de Derechos Humanos, todos sus órganos, incluidos sus jueces, también están sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin. Los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex officio un “control de convencionalidad” entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, exegeta última de la Convención Americana .

21. De acuerdo con lo anterior, en Colombia los jueces están en la obligación de posibilitar que recursos judiciales efectivos a las personas que aleguen ser víctimas de violaciones de derechos humanos, calificación que se debe dar a toda prolongación ilícita de la privación de la libertad (artículo 25), recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (artículo 8.1), todo ello dentro de la obligación general, a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción (artículo 1.1) . No se debe olvidar que, siguiendo la línea jurisprudencial de la Corte IDH , para que el Estado cumpla lo dispuesto en el artículo 25 de la Convención ADH no basta con que los recursos existan formalmente, sino que es preciso que tengan efectividad en los términos de aquel precepto . Dicha efectividad supone que, además de la existencia formal de los recursos, éstos den resultados o respuestas a las violaciones de derechos reconocidos, ya sea en la Convención, la Constitución o la ley .

22. El Tribunal ha reiterado que dicha obligación implica que el recurso sea idóneo para combatir la violación y que sea efectiva su aplicación por la autoridad competente . En ese sentido, no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios .

23. Por lo antes dicho, con atinado apego a los principios pro homine y pro libertate, se ha dicho que

no es de recibo esgrimir lisa y llanamente que la acción constitucional es improcedente porque la persona se encuentra privada de la libertad por cuenta de una actuación procesal o que dentro del proceso existen recursos para debatir la situación tildada de lesiva del derecho a la libertad personal. Es necesario que los jueces examinen a profundidad el caso concreto para determinar si se presenta una vía de hecho, la que eventualmente puede surgir, por ejemplo, cuando habiéndose edificado las circunstancias fácticas y legales que hacen procedente una causal de libertad provisional la misma es negada sin fundamento legal o razonable, o contra expresa interpretación jurisprudencial sobre la materia, o por medio de una decisión carente de motivación, o cuando objetivamente se puede constatar que la pena impuesta ya fue cumplida por el condenado .

24. Para que se considere demostrada una vía de hecho que hace procedente el hábeas corpus, teniendo en cuenta las características que determinó el Constituyente para la referida acción constitucional, los siguientes son los requisitos que deben cumplirse para que proceda una demanda de libertad con fundamento en la acción constitucional, y que coinciden con las exigencias que se imponen a la tutela cuando se utiliza contra providencias judiciales :

(i). Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional

El juez constitucional debe establecer el ámbito normativo vigente que autoriza las privaciones de libertad por cuenta de los jueces. Compete al juez de hábeas corpus indicar con toda claridad y de forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta la libertad personal.

Siempre que se esté afectando la libertad personal , o los derechos conexos, en principio se enfrenta un problema de relevancia constitucional porque se trata de una discusión que tiene relación directa con un derecho fundamental.

(ii). Que la anomalía procesal sea determinante de la situación irregular

La irregularidad procesal que eventualmente constituya el problema jurídico a resolver en el proceso de hábeas corpus, alegada por el demandante o descubierta oficiosamente por el juez, debe tener un efecto decisivo o determinante en la privación de la libertad de la persona.

Diferentes supuestos planteados en la presente obra permiten concluir que múltiples violaciones al debido proceso se erigen en causales de procedencia del hábeas corpus, como lo son el incumplimiento del plazo razonable en el trámite del proceso, la imposición de una pena de prisión en proceso que no podía iniciarse o proseguirse, el cumplimiento efectivo de la pena impuesta, y etc.

(iii). Que la vía de hecho se origine en decisión judicial irregular

Las decisiones judiciales que afectan la libertad personal pueden ser consecuencia de una (i). medida provisional, proferida en el curso del proceso penal adelantado por jueces ordinarios o penales militares -orden de captura o medida de aseguramiento-, (ii). definitiva como culminación del mismo -sentencia que impone una pena privativa de la libertad-, o (iii). por cumplimiento de los objetivos o plazos de las anteriores.

Toda decisión judicial que priva de la libertad debe cumplir unos requisitos formales y sustanciales, de modo que la insatisfacción de tales exigencias deriva en arbitrariedad, supuesto que convierte la decisión judicial en irregular y, con ello, en vía de hecho que autoriza la procedencia del hábeas corpus.

Los defectos formales o materiales de las decisiones judiciales que restringen la libertad personal, pueden presentarse verbi gratia, (i). en la orden de captura que debe ser escrita, el motivo debe estar previamente definido en la ley, la captura debe ser necesaria, la policía judicial debe presentar elementos que permitan inferir que el imputado es autor o partícipe del hecho, y (ii). para disponer la detención preventiva ella debe ser procedente en los términos de la ley procesal. Adicionalmente, no se puede pasar por alto que las restricciones a la libertad personal deben observar estrictos criterios de razonabilidad y proporcionalidad .

Recuérdese que la libertad personal únicamente puede ser restringida cuando se reúnen los tres requisitos enunciados en la norma constitucional, a saber, (i) el respeto a las formalidades legales , (ii) la existencia de un motivo previamente definido en la ley , y (iii) la existencia de un mandamiento escrito de autoridad judicial competente.

La privación de la libertad está legitimada constitucional y legalmente siempre y cuando se dirija a cumplir las funciones concretas y los fines que de ella se predica: (i). garantizar la comparecencia del sindicado al proceso, (ii). garantizar la ejecución de la pena privativa de la libertad, (iii). impedir la fuga del sindicado, (iv). impedir que el sindicado continúe en la actividad delictual, y (v). impedir que el sindicado emprenda labores tendientes a ocultar, destruir o deformar elementos probatorios importantes para la instrucción, o entorpecer la actividad probatoria.

Lo anterior lleva a que

si los elementos de convicción que obran en el diligenciamiento permiten pronosticar que el procesado no va a eludir su comparecencia al proceso y al cumplimiento de la pena, ni obstaculizará la actividad probatoria, ni pondrá en peligro a la comunidad, lo procedente no será proferir medida de detención y sustituirla por la domiciliaria, sino no imponer aquélla. En otros términos, si se reúnen los requisitos formales y sustanciales exigidos para la detención preventiva (Ley 600 de 2000, artículos 356 y 357 ), pero no se cumplen los fines y objetivos constitucional y legalmente señalados para su procedencia (artículos 3° y 355, ibídem ), esto es, si los presupuestos requeridos para abstenerse de decretarla son los mismos que se necesitan para cambiarla por la domiciliaria (artículo 38 del Código Penal), lo lógico, coherente y jurídico será no dictarla o revocar la que estuviere vigente .

Consecuentes con lo expuesto, la medida privativa de la libertad podrá ser revocada

en cualquier instante de la actuación en que el funcionario tenga la seguridad que el procesado acudirá al trámite y a la ejecución de la pena, que no cometerá más delitos, y que no atentará contra la inmutabilidad de la prueba, es decir, una vez se hayan superado sus objetivos constitucionales y fines rectores .

La desatención de los anteriores criterios por parte de los jueces hace evidente la existencia de una decisión irregular, que como vía de hecho autoriza la procedencia del hábeas corpus.

25. Del caso concreto: La pretensión principal del hábeas corpus y lo que busca el accionante-condenado ÓSCAR GUTIÉRREZ SALINAS, es que se haga efectiva la libertad condicional decretada por el juez encargado de vigilar el cumplimiento de la pena.

26. Acorde con los medios de prueba allegados se sabe, sin lugar a dudas, que:

26.1. ÓSCAR GUTIÉRREZ SALINAS fue condenado por el Juzgado 45 Penal del circuito de Bogotá, como autor responsable del delito de hurto calificado y agravado, a una pena de 30 meses de prisión .

26.2. A 12 de abril de 2011 había descontado en prisión 23 meses y 10 días .

26.3. Al determinarse que GUTIÉRREZ SALINAS había cumplido las tres quintas partes de la condena, el Juzgado Dieciocho de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, mediante auto de 12 de abril de 2011, le concedió la libertad condicional previa suscripción de una caución prendaria y diligencia de compromiso .

26.4. En la referida providencia se advirtió que “la libertad se hará efectiva… siempre y cuando el sentenciado no sea requerido por otra autoridad judicial o en virtud de procesos distintos, caso en el cual deberá ser dejado a disposición de los mismos” .

26.5. El condenado obtuvo dos pólizas judiciales para cumplir la obligación de constituir caución, las remitió al citado despacho judicial el 19 de abril de 2011 y en esa misma fecha suscribió la diligencia de compromiso en los términos exigidos por el juzgado .

27. Los derroteros señalados permiten advertir que la pretensión de ÓSCAR GUTIÉRREZ SALINAS, debe prosperar, sin que resulte relevante que esté por cuenta de un proceso o sometido al cumplimiento de una pena, porque materialmente emerge con claridad que se satisfacen los requisitos constitucionales y legales de procedencia de la pretensión constitucional.

28. Entre las diferentes modalidades de vías de hecho que permiten la procedencia del hábeas corpus, aparece claramente consolidada la que hace referencia a la prolongación ilícita de la privación de la libertad porque (i) se concedió una libertad condicional por parte de autoridad judicial, (ii) el condenado cumplió las exigencias para disfrutar del subrogado penal, y (iii) el juzgado en forma caprichosa y arbitraria no ha enviado al centro carcelario la orden de libertad de ÓSCAR GUTIÉRREZ SALINAS.

29. En el sub examine aparece demostrado que la orden de libertad no ha sido emitida porque el juzgado exige una caución mediante depósito judicial en el Banco Agrario, pero el condenado constituyó pólizas judiciales por el monto de cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo que suma un total de $2’678.000,00, mismo valor garantizado mediante los instrumentos aportados por el accionante.

30. La jurisprudencia enseña que

En materia penal, la finalidad de las cauciones es asegurar la comparecencia al proceso del sujeto investigado. En esos términos, la caución penal es del primer tipo, es decir, asegura, garantiza y afianza el cumplimiento de un compromiso adquirido durante el proceso: el de hacerse presente en él. El hecho de que en materia penal la caución no tenga una función indemnizatoria es consecuencia de la naturaleza misma del procedimiento: ya que en la causa penal no es dable hablar de pretensiones y, por consiguiente, de contraparte, la caución como mecanismo indemnizatorio de los posibles perjuicios ocasionados mediante el ejercicio de actuaciones procesales no tiene aplicación en tales diligencias .

31. Igualmente, el artículo 369 del Código de Procedimiento Penal de 2000, dispone que la caución prendaria

Consiste en el depósito de dinero o la constitución de una póliza de garantía, en cuantía de hasta mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, que se fijará de acuerdo a las condiciones económicas del sindicado y la gravedad de la conducta punible.

32. De lo anterior se sigue que toda caución que se constituya dentro del proceso penal con fines de libertad del procesado o condenado, puede ser presentada mediante la modalidad de depósito de dinero en el banco o mediante póliza judicial, dado que las dos modalidades están expresamente aceptadas por el legislador.

33. Desconocer lo fijado por la ley y la validez de una caución mediante póliza judicial, ni más ni menos, significa

un excesivo apego a los formalismos procesales, hasta el punto de sacrificar el derecho fundamental a la libertad del procesado...

La norma que en este caso autoriza la libertad condicional exige el otorgamiento de una caución prendaria por parte de la persona que se vaya a beneficiar del subrogado penal mencionado. Esto fue lo que hizo, en últimas, Julio Mario Urina Álvarez con la constitución de las aludidas pólizas judiciales, documentos que, como si fuera poco, ya aparecen incorporadas al expediente, tal como expresamente lo reconoció la titular del despacho.

Aplazar, entonces, la aceptación de la caución prendaria así constituida,… no es más que un ritualismo irritante e intolerable, cuando se encuentra de por medio el derecho a la libertad de un individuo y, quien, además, dentro de lo dispuesto por las normas reguladoras de la materia de las cauciones, constituyó la ordenada en una de las modalidades permitidas y en la cuantía indicada.

No interesa que persona presta la garantía que el Estado le impone al procesado, lo que tiene real y cierta importancia es que ella sea otorgada con el lleno de los requisitos de ley. Este derecho fundamental, se repite, está por encima de consideraciones meramente formales. En desarrollo del principio pro libertad lo que se debe privilegiar es la posibilidad inequívoca de que la persona que, con sujeción a la ley, la disfrute siempre, sin limitaciones ni cortapisas.

La finalidad perseguida por la caución prendaria, consistente en garantizar la comparecencia del procesado en el momento en que la justicia lo requiera, se cumple cabalmente con prescindencia de que la misma se haya otorgado mediante el depósito del dinero o a través de una póliza judicial .

34. De lo expuesto se debe concluir que el Juzgado Dieciocho de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, incurrió en una vía de hecho por DEFECTO SUSTANTIVO O MATERIAL, el cual surgió cuando el juez utilizó un poder que le ha sido concedido por el derecho para un fin manifiestamente no previsto en las disposiciones legales, con lo que desconoció el núcleo esencial del derecho de libertad y los preceptos legales que autorizan el goce de la misma a quien se favorece con un subrogado penal.

35. No conceder el amparo específico de libertad invocado implicaría, a su vez, que el juez de la acción constitucional incurriría en una vía de hecho derivada del DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL, que ocurre cuando en materia de hábeas corpus un Magistrado de una Alta Corte ha establecido la procedencia de la acción constitucional, fijando el alcance del instrumento libertario y el juez del asunto aplica caprichosamente una ley o hace una análisis del problema jurídico con desprecio de los principios pro homine, pro libertate y favor rei, entre otros.

36. En conclusión, como se está presentando una prolongación ilícita de la privación de la libertad de ÓSCAR GUTIÉRREZ SALINAS, resulta procedente la acción de hábeas corpus. Como consecuencia de lo consignado supra se dispondrá la libertad inmediata del citado.

37. Por mandato de las previsiones de la Ley 1095 de 2006, artículo 9°, se compulsarán copias para que las autoridades competentes hagan las investigaciones penales y disciplinarias a que haya lugar frente a la conducta de quienes han ocupado el cargo de Juez Dieciocho de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá.

VI. DECISIÓN:

A mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

VII. RESUELVE:

1°. DECLARAR LA PROCEDENCIA del hábeas corpus invocado a favor de ÓSCAR GUTIÉRREZ SALINAS.

2º. ORDENAR la libertad inmediata de ÓSCAR GUTIÉRREZ SALINAS.

3º. COMPULSAR las copias anunciadas.

4°. ADVERTIR que contra la presente sentencia no proceden recursos.

5°. PREVENIR a la Secretaría para que dé cumplimiento a lo ordenado y comunique lo resuelto a las partes.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

ALBERTO POVEDA PERDOMO
Magistrado


Notas de pie de página:

El hábeas corpus en el ordenamiento jurídico colombiano, Bogotá, Ediciones Doctrina y Ley, 2007, p. 169 y ss.
Corte Constitucional, sentencia C-620/01.
Corte Constitucional, sentencia C-496/94.
Corte Constitucional, sentencias C-301/93 y C-620/01.
Corte Constitucional, sentencia C-557/92, salvamento de voto de los Magistrados ANGARITA BARÓN y MARTÍNEZ CABALLERO.
El hábeas corpus en el ordenamiento jurídico colombiano, Bogotá, Ediciones Doctrina y Ley, 2007, p. 194 a 202 y 209 a 215.
Corte Constitucional, sentencia T-1315/01, M.P. CÓRDOBA TRIVIÑO.
FRANCISCO JAVIER ZULUAGA Z., en De la libertad metafísica al régimen de las libertades públicas, ob. cit., p. 55, pretende que el hábeas corpus sea una garantía que alcance todos y cada uno de los derechos de la persona humana, olvidando que para ello existe la acción de tutela. La Corte Constitucional (sentencia T-459 de 1992) ha sido consistente al advertir que “el artículo 86 de la Carta establece que no es procedente la acción de tutela cuando el afectado con la violación o amenaza del derecho tenga a su alcance otro medio judicial de defensa, como lo es el hábeas corpus respecto de la libertad personal” y recuerda que el artículo 6º-2 del Decreto 2591 de 1991 expresamente dispone la improcedencia de la tutela cuando para proteger el derecho se puede invocar el recurso de hábeas corpus. La anterior decisión hace parte de una línea jurisprudencial que se integra con las sentencias T-242/94, T-324/95, T-320/96, T-659/98 y T-223/02, entre otras. Ni siquiera procede la tutela para evitar un perjuicio irremediable porque para ello está el hábeas corpus (Sentencia T-054/03).
Algunos autores consideran que el hábeas corpus es una garantía judicial que sólo opera respecto de la libertad física personal. Cfr. NÉSTOR IVÁN OSUNA PATIÑO, Apuntes sobre el concepto de derechos fundamentales, Universidad Externado de Colombia, 1995, p. 28.
El hábeas corpus no sólo garantiza el derecho a la libertad personal “sino que permite controlar además, el respeto a la vida e integridad de las personas, así como impedir su desaparición forzada, su tortura y otros tratos o penas crueles, con lo cual, ha de considerarse que él cumple una finalidad de protección integral de la persona privada de la libertad” (Corte Constitucional, sentencias C-620(01, M.P. ARAÚJO RENTERÍA, C-187/06, M.P. VARGAS HERNÁNDEZ y T-527/09, M.P. PINILLA PINILLA, entre otras).
Por ejemplo: (i). Opinión Consultiva OC-8 de 1987: «El hábeas corpus, para cumplir con su objetivo de verificación judicial de la legalidad de la privación de libertad (también tiene) la función… de controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otras tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes»; y, (ii). Caso Blake versus Guatemala, sentencia de 24 de enero de 1998: «El artículo 25 se encuentra íntimamente ligado con la obligación general del artículo 1.1. de la Convención Americana, al atribuir funciones de protección al derecho interno de los Estados Partes. El hábeas corpus tiene como finalidad no solamente garantizar la libertad y la integridad personales, sino también prevenir la desaparición o indeterminación del lugar de detención y, en última instancia, asegurar el derecho a la vida».
Cfr. Hábeas corpus, vías de hecho y proceso penal, Bogotá, Grupo Editorial Ibáñez, 2011, p. 159 y s.s.
En la sentencia T-046/93 la Corte Constitucional determinó que “la inejecución de una decisión judicial que concede un recurso de hábeas corpus desconoce el núcleo esencial de este derecho fundamental si esta omisión trae como consecuencia que la garantía se torne impracticable, ineficaz o resulten irrazonables las exigencias para su ejercicio.
Conformar Sent. T. 269/99.
Si bien el referido concepto en materia de tutela ha mutado por el de «causales genéricas de procedibilidad de la acción», para los efectos de las causales de procedencia del hábeas corpus resulta más significativo, genérico y conglobante de todas las arbitrariedades o caprichos de las autoridades públicas.
Corte Constitucional, sentencia C-010/00, M.P. MARTÍNEZ CABALLERO.
Cfr. Caso Almonacid Arellano y otros versus Chile, sentencia de 26 de septiembre de 2006; Caso Rosendo Cantú y otra versus México, sentencia de 31 de agosto de 2010, y Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña versus Bolivia, sentencia de 1 de septiembre de 2010.
Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez versus Honduras, sentencia de 26 de junio de 1987; Caso De la Masacre de Las Dos Erres versus Guatemala, sentencia de de 24 de noviembre de 2009; y Caso Chitay Nech y otros versus Guatemala, sentencia de 25 de mayo de 2010.
Cfr. Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay, sentencia de 24 de agosto de 2010.
Cfr. Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil. Excepción Preliminar. Sentencia de 30 de noviembre de 2005. Serie C No. 139, párr. 4; Caso Radilla Pacheco Vs. México, supra nota ¡Error! Marcador no definido., párr. 196, y Caso Chitay Nech y Otros Vs. Guatemala, supra nota 8, párr. 202.
Cfr. Caso Tribunal Constitucional Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C No. 71, párr. 90; Caso Usón Ramírez Vs. Venezuela, supra nota 161, párr. 129, y Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala, supra nota, párr. 202
Cfr. Caso Acosta Calderón Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de junio de 2005. Serie C No. 129, párr. 93; Caso Radilla Pacheco Vs. México supra nota, párr. 291, y Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala, supra nota 8, párr. 202.
Cfr. Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987. Serie A No. 9, párr. 24; Caso Usón Ramírez Vs. Venezuela, supra nota 161, párr. 129, y Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala, supra nota, párr. 202.
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, autos de 26 de junio de 2009, radicación 32115, 4 de septiembre de 2009, radicación 32572 y 6 de octubre de 2009, radicación 32791, M.P. RAMÍREZ BASTIDAS. La anterior interpretación fue acogida mediante auto de 8 de octubre de 2010, radicación 35124, M.P. QUINTERO MILANÉS, decisión en la que se transcribe textualmente lo apuntado pero sin citar las decisiones precedentes.
Cfr. Hábeas corpus, vías de hecho y proceso penal, Bogotá, Grupo Editorial Ibáñez, 2011, p. 190 y s.s.
“Después de la vida, el derecho a la libertad constituye fundamento y presupuesto indispensable para que sea posible el ejercicio de los demás derechos y garantías de los que es titular el individuo… la centralidad del principio-derecho a la libertad, en el seno de todo Estado constitucional, democrático y de Derecho, lo constituye en verdadero valor fundante de la organización política misma, con incidencia tanto en la concepción de los demás derechos inherentes a la condición humana, como en la configuración de la manera de ser y de proceder de las autoridades públicas”. Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 3ª, sentencia de 4 de diciembre de 2006, radicación 13168, reiterada en sentencia de 23 de agosto de 2010, radicación 18891.
La Corte Constitucional ha afirmado de manera reiterada que la potestad de configuración del legislador al establecer restricciones a la libertad individual, es una competencia limitada y ha de ser ejercida conforme a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, a fin de que tales limitaciones no resulten arbitrarias, dado que el ejercicio de esta potestad de configuración puede incidir en el goce de derechos constitucionales, por lo que la Corte ha dicho que las limitaciones deben ser adecuadas para lograr el fin perseguido, necesarias, en el sentido de que no exista un medio menos gravoso en términos de afectación de otros principios constitucionales, y por último, deben ser proporcionales stricto sensu, esto es, que no se afecten excesivamente valores y principios que tengan un mayor peso que el fin constitucional que se pretende alcanzar. Sentencia C-806/09, M.P. CALLE CORREA.
El respeto a las formalidades legales exige, de un lado, que tanto en la expedición de una orden de privación de la libertad como en su ejecución, se observe el debido proceso. Conforme a lo establecido en el artículo 9 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, la observancia del debido proceso supone que toda persona sea informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella. Exige además que, en estas circunstancias, la persona sea llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y sea juzgada dentro de un plazo razonable o sea puesta en libertad. Cfr. DANILO ROJAS BETANCOURT, Derechos humanos y derecho internacional humanitario, Bogotá, Consejo Superior de la Judicatura, 2003, p. 49.
La existencia de un motivo previamente definido en la ley hace alusión al principio universal de legalidad, es decir que sólo la ley puede definir las circunstancias en que la naturaleza del hecho punible -delito o contravención-, ameritan la privación de la libertad a una persona. Igualmente que sólo la ley podrá establecer los casos en los cuales puede un juez ordenar un registro domiciliario. En consecuencia, es posible afirmar, que en materia de libertad personal la Constitución estableció una estricta reserva legal, por lo que este derecho no puede ser limitado sino por la ley. Cfr. ROJAS BETANCOURT, Derechos humanos y derecho internacional humanitario, ob. cit., p. 49.
Corresponden a los artículos 308 y 313 de la Ley 906 de 2004.
Corresponden a los artículos 2° y 308 a 311 de la Ley 906 de 2004.
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto de 16 de julio de 2002, radicación 19659, M.P. CÓRDOBA POVEDA.
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto de 2 de octubre de 2003, radicación 21348, M.P. LOMBANA TRUJILLO.
Folio 30 c.o. de hábeas corpus.
Folio 6 c.o. ibídem.
Folios 6 a 9 ibíd.
Folio 8 ib.
Expedidas por Liberty Seguros y Seguros del Estado asegurando $1’606.800,00 y $1’071.200, respectivamente (folios 3 y 4).
Folio 5 c.o. de hábeas corpus.
Corte Constitucional, C-316/02.
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, auto de 21 de junio de 2007, radicación 2007-00245, M.P. RUTH MARINA DÍAZ RUEDA.